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Derecho humano a la educación y presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires.

Derecho humano a la educación y presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Ante la decisión del

Derecho humano a la educación y presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la decisión del GCBA de impulsar el retorno a la presencialidad escolar, en el contexto de la crisis epidemiológica del COVID-19, y el intenso debate abierto en la comunidad educativa, desde la Asociación Civil Artepolis decidimos hacer pública nuestra perspectiva.

Consideramos a la educación como un derecho humano, así como una llave necesaria para el acceso al resto de los derechos. En consecuencia trabajamos para que el Estado, en sus diversos niveles gubernamentales, garantice el acceso pleno de toda la comunidad.

Nuestra reflexión busca contribuir al retorno de una presencialidad escolar que promueva el derecho humano a la educación y su complementariedad con el derecho a la salud. Para tal propósito, exigimos que el protocolo publicado por el GCBA sea complementado con medidas que aborden y resuelvan los problemas derivados de la pandemia del COVID-19. Iniciamos este documento puntualizando sobre las condiciones en las que se debate el retorno a la presencialidad en la CABA.

Las condiciones sociales de la presencialidad:

En primer lugar, rememoramos la situación de la inversión en educación del GCBA. De acuerdo con la información  provista por el instituto de estadísticas porteño, el presupuesto asignado a la cartera educativa ha tenido una tendencia a la baja desde el inicio de la gestión del PRO. Así, mientras que en 2011 la inversión en educación representaba el 27,5%, en el año 2019 alcanzó el 18.2% (DGEC – GCBA: 2019). Por otra parte, la comparación del presupuesto 2021 en relación al ejercicio anterior, revela un nuevo retroceso para la educación y un descenso específico en el área de infraestructura del 72% en términos reales (Molina: 2020).

En segundo lugar, es relevante recordar cómo fue la experiencia del ciclo lectivo 2020. La ausencia en materia de planificación y la escasa inversión educativa del oficialismo se evidenciaron en la privación de servicios de internet y dispositivos tecnológicos de amplios sectores populares y su impacto negativo en el vínculo pedagógico. En el mismo sentido, el Estado local no proveyó materiales pedagógicos ni plataformas de aulas virtuales oficiales. Tampoco se comprometió con la gestión administrativa, técnica y de comunicación de las escuelas. Por último, fue lamentable la propuesta en relación a los comedores y viandas escolares, en un contexto de aceleración de la pobreza y la indigencia.

En tercer lugar, debemos examinar la actual situación de la pandemia del COVID-19 en CABA. Los indicadores señalan que desde el 28/12/20 a la actualidad, los contagios superaron los 800 casos diarios. Estos valores son análogos al promedio que tuvo CABA desde junio a octubre del año pasado. La situación es aún más preocupante si se considera la experiencia del hemisferio norte, donde verificó que la llegada del período otoñal provocó una aceleración de los contagios. Por último, la esperanza de la inmunización a partir de la vacunación exige paciencia y cuidado ya que los plazos previstos podrían extenderse durante todo el año.

Un protocolo de presencialidad escolar y el GCBA

El Gobierno de Rodriguez Larreta presentó, en los últimos días, un protocolo que establece los criterios para la presencialidad en el ciclo escolar venidero. Así las autoridades no pudieron desconocer la emergencia sanitaria y la crisis social que enfrenta la comunidad educativa. Esta perspectiva aparece en distintos procedimientos que se estipulan en la convocatoria:

  • Previsión de 1,5 metros de distanciamiento social en todos los espacios.
  • Señalización de los diferentes espacios para cumplir con el sentido unidireccional de circulación e instalación de cartelería con información sobre medidas y protocolos vigentes.
  • Desinfección y limpieza profunda en todas las instalaciones antes y después de cada turno, y provisión de insumos para la higiene de manos.
  • Organización de las aulas con lugares fijos por cada estudiante, previsión de momentos de descanso diferentes para cada grupo y acondicionamiento           de una sala para el aislamiento de personas con potencial contagio de COVID-19.
  • Prohibición de ingreso de cualquier persona que presente 37,5° o más.
  • Exigencia de uso permanente de tapabocas y máscaras.
  • Disposición de puertas y ventanas abiertas de manera permanente, de modo que el aire circule.
  • Concurrencia del alumnado al establecimiento de al menos el equivalente a una jornada simple.

Cada uno de estos procedimientos es razonable, y consideramos que el cumplimiento de este protocolo debiera condicionar la presencialidad escolar en cada escuela. Sin embargo, el planteo de presencialidad como regla, fue acompañado de distintos mecanismos extorsivos que distorsionan sus propósitos: perdida de matricula de les pibes en caso de ausentismo, excepción de dispensión de los trabajadores docentes y no docentes mayores de 60 años o con familiares directos de riesgo, negación de aislamiento de docentes en caso de detección de COVID-19 en alguno de sus cursos, entre otros.

En este sentido, la lógica sancionatoria planteada por el gobierno de Larreta ha convertido al protocolo en un instrumento formal, e insuficiente para garantizar la presencialidad escolar en condiciones que aseguren la protección de la salud.

Preguntas que el protocolo no responde.

Por otra parte, el protocolo no resuelve una serie de problemas centrales, algunos de los cuales señalamos a continuación:

¿Como hace la escuela para cumplir con el protocolo en edificios con problemas esenciales previos? ¿Cómo puede la escuela cumplir con el protocolo y a la vez garantizar una propuesta pedagógica? ¿Como hace la escuela para cumplir el protocolo y ofrecer simultáneamente espacios de contención y socialización? ¿Cómo puede garantizar la escuela una interacción fehaciente cronometrada de cada estudiante, de forma periódica, durante todo el ciclo lectivo?

La incapacidad del protocolo para responder a estos problemas evidencia la falta de recursos y planificación, así como su carácter formal. En efecto, el protocolo del GCBA provoca, como sucedió en el 2020, una concentración de decisiones y responsabilidades sobre autoridades escolares, docentes y padres sin el debido acompañamiento gubernamental.

El derecho humano a la educación.

El paradigma de derechos humanos, integrado a nuestro ordenamiento jurídico con la mayor jerarquía legal a través de la Constitución Nacional. Esto implica la exigencia al Estado de recursos e instrumentos que permitan el goce de los derechos de forma universal, garantizando la interdependencia e indivisibilidad de los mismos.

Desde esta perspectiva, el derecho humano a la educación exige que los Estados garanticen el diseño de instrumentos que permitan su goce en condiciones de dignidad. En el mismo sentido, exigen la convergencia de la escolaridad presencial con el derecho a la salud y el resto de las garantías reconocidas.

Por lo señalado, consideramos que el protocolo de retorno a la presencialidad escolar del GCBA es ambiguo, formalista e incapaz de asegurar una perspectiva integral de la problemática. Esto no quita que las autoridades deban cumplir con los ejes procedimientos y prácticas ya estipulados.

Finalmente, exigimos la adopción de medidas urgentes complementarias que garanticen la escolarización de les pibes y demandamos que el GCBA sea explícito sobre los siguientes asuntos:

  • Información fehaciente sobre el plan de infraestructura escolar desarrollada desde el principio de la pandemia y detalle sobre la continuidad del mismo.
  • Publicación de plan de vacunación para docentes, directivos, estudiantes y familias.
  • Comunicación de estrategias de movilidad y transporte público de las comunidades educativas.
  • Convocatoria urgente de las comunidad educativa al diseño de un plan de trabajo para el año corriente.
  • Relanzamiento del Programa Sarmiento, e incremento de la inversión estatal en conectividad y dispositivos para estudiantes y docentes.
  • Reconocimiento de permisos para trabajo remoto para docentes con patologías de riesgo o familiares con problemáticas de salud.

Bibliografía

Dirección General de Estadísticas y Censos – GCBA, “Porcentaje de gasto en educación en el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Disponible en https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_gastedu2

Molina, Melisa.”La tijera de Larreta avanza sobre la educación”. Página 12. 13 de febrero de 2021. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/310393-la-tijera-de-larreta-avanza-sobre-la-educacion